El recientemente aprobado Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local (Real Decreto-ley 13/2009, de 26 de octubre), dotado con 5.000 millones de euros y gestionado por el Ministerio de Política Territorial, ofrece precisamente una oportunidad única para reforzar la ciencia y la innovación españolas actuando desde el ámbito local.

ENLACES:

• http://www.economiasostenible.gob.es/
• http://www.innpulso.es/publico/Inicio/

Esta se ha completado con la aprobación de la ley por la que se modifican diversas leyes del sector servicios.

http://boe.es/boe/dias/2009/12/23/pdfs/BOE-A-2009-20725.pdf

Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.

El aumento de las lluvias ha hecho que haya 126,47 por ciento más de energía hidráulica entre enero y el 6 de marzo que en el mismo periodo del año anterior.

El jefe de operación de Red Eléctrica, Miguel Duvisón, dijo recientemente que las condiciones en los dos primeros meses han sido excelentes y que no se trata de un dato conyuntural.

Duvisón explicó que, aunque baje algo los próximos meses, la energía renovable no estará lejos de los niveles actuales y en el total del año estará cerca del 30 por ciento, subrayó.

La Asociación Empresarial Eólica dijo que en 2008 los molinos evitaron la importación de combustibles por 1.200 millones de euros, generaron 40.000 empleos y evitaron la emisión de 20 millones de toneladas de dióxido de carbono (CO2), el 5 por ciento de lo que emite España.

En definitiva, la caída de la demanda eléctrica por la crisis económica saca a relucir las apuestas por las energías renovables de años y pone a España en la senda del objetivo del 40 por ciento de electricidad verde en 2020 fijado por la Unión Europea.

“Navegar por Internet con una motivación lúdica en horas de trabajo puede aumentar la concentración de los trabajadores”, sentencia Brent Coker, de la mencionada universidad. “La gente necesita distraerse un rato de vez en cuando para volver a concentrarse en sus tareas”, explica.

Según Coker, utilizar Internet en horas laborables para fines personales conlleva desde leer periódicos on-line, jugar a juegos, mantenerse en contacto con los amigos a través de redes sociales (Twitter o Facebook) o ver vídeos en YouTube. “Las paradas cortas, como una rápida navegación por Internet, permite a la mente descansar un rato, lo que le permite tener una mayor concentración y, como consecuencia, ser más productivo”, explica.

Así pues, este responsable echa por tierra las prácticas que llevan a cabo muchas empresas, “quienes gasta millones en aplicaciones que bloqueen el acceso de sus empleados a sitios para ver vídeos, de redes sociales o de compras on-line porque creen que estas actividades les cuesta millones en pérdidas de productividad”.

Además, este informe revela que la gente no dedica ni el 20 por ciento de su tiempo a navegar por Internet mientras trabaja.

Fuente: IDG

Siempre que azota la crisis económica, siempre que los muy ricos empiezan a
ganar menos dinero que antes, aparece un grupo de señores de mando o de muy
alta obediencia que arremeten contra los empleados públicos.

El discurso es el mismo: sobran funcionarios. Y de ahí hay sólo un paso para
considerar no productiva la función pública. Cuando no parasitaria,
decimonónica, ridícula, ineficaz. Los funcionarios se convierten en carne de
cañón en el discurso neoliberal, tan desprestigiado él (y para siempre,
sospecho, tras la actual catástrofe financiera universal). Los funcionarios
pasan a ser, además, muy privilegiados: personas que tienen un puesto de
trabajo fijo. “Menuda suerte” dicen por ahí tantos de los que ganan
mucho más que los funcionarios y que, muy probablemente, tributan menos a
Hacienda que ellos.

Porque los empleados públicos tienen hasta su último céntimo controlado por
el Fisco, lo que está muy bien, sin duda; es algo democrático y deseable. Pero
igualmente lo sería que tantos ciudadanos que saben mucho de dinero negro
pagaran hasta el último céntimo de los euros que ingresan. Para que todos,
efectivamente, pagáramos menos. O lo mismo, y entonces habría más dinero en
poder del Estado, y menos nervios ahora que todo parece que se derrumba.

Cuentan esas gentes del poder económico -y muchas otras a pie de calle-, que
sobran funcionarios. Pero no sobran. Y unos y otros dicen
“funcionarios” en tono despectivo. Porque la palabra es algo tristona,
sí. Pero olvidan que en esos tres millones de empleados públicos que dicen que
hay en España, el 90% son médicos, enfermeros, maestros, profesores, bomberos,
policías, militares, guardias civiles, auxiliares de clínica, carteros,
ordenanzas… ¿Sobran muchas de estas personas? ¿Quién es el descerebrado que
lo sostiene?

Porque sucede justo lo contrario: hacen falta más empleados públicos. Entre
otras razones porque España ha aumentado en cinco millones de habitantes en lo
que va de milenio, y eso implica un 12% más de carga en la labor que el sector
sanitario, docente y de los servicios sociales públicos llevan a cabo. Faltan
funcionarios: su número no ha crecido en esa proporción tan intensa. Y el que
no se lo crea, que compare la ratio de funcionario por habitante de España con
la de Francia y muchos otros países europeos. Sólo en los estados más pobres
del continente, el porcentaje de empleados públicos es menor.

Cuanto más rica, justa y democrática es una sociedad, más funcionarios
tiene. Porque más protagonismo adquiere la acción pública. La del Estado, que
tanto nos conviene a todos. El benemérito Estado, que tanto aborrecían los
liberales que han arruinado el mundo, y en cuya solidez se amparan ahora. El
Estado, que en España conforman la Administración Central, la Autonómica y la
Local. Tan Estado es el ayuntamiento de Chiva como el ministerio de Defensa o la
lehendakaritza.

Pero los necios no quieren entender esas razones. Y hasta se atreven a ofrecer
estadísticas que muestran que cuando murió Franco, en aquella oscura España
clasista y liberticida, había muchos menos funcionarios que ahora. ¿Pero qué
servicios médicos había entonces, qué docencia pública, qué hospitales? Los
había, e iban mejorando; pero compararlos con la actual red de asistencia
pública es una broma. Y para atender esa demanda creciente de los ciudadanos
hacen falta muchos funcionarios.

Muchos médicos, muchos maestros, sí. Pero también hacen falta esos empleados
que tramitan expedientes. Que gestionan la Hacienda Pública o la Seguridad
Social, que tan notablemente funcionan, por cierto. Personas que han ganado su
plaza estudiando, esforzándose. Ellos no han alcanzado esa condición con la
facilidad con la que otros se han podido colocar en las empresas, en los
negocios familiares. No han tenido esa oportunidad. O han preferido la
independencia y la seguridad que la función pública favorece.

Los funcionarios no buscan una vida de grandes lujos y emociones. Están en su
derecho. Ellos viven de sueldos reglamentados, que llevan veinte años perdiendo
poder adquisitivo. Como si tuvieran que pagar un precio adicional por la gran
prerrogativa de ser fijos.

La función pública está abierta a los ciudadanos. El acceso es libre, las
pruebas se basan en la igualdad, el mérito y la capacidad. Ciertamente, todas
esas personas que ganan tanto dinero cuando la economía va bien, podrían optar
por la función pública. Pero no lo hacen. Ellos prefieren las mieles, medios y
posibilidades del ámbito privado, y es una gran decisión. Pero si ahora las
cosas les van mal, y ojalá que dure poco esta catástrofe, no deben descargar
su estrés y sus impagos contra quienes sostienen el día a día de un estado
democrático y social de derecho que no deja de asumir servicios y de mejorar
sus prestaciones.

Los empleados públicos, por lo general, no quieren ser empleados privados; y
tienen todo su derecho. Porque es muy legítimo y honorable ganarse la vida
defendiendo los intereses de todos.

Existen actualmente en España unos dos millones y medio de empleados públicos para 46 millones de habitantes, es decir uno por cada 18,4 personas. ¿Son muchos? Es otro debate aparte, digamos por ejemplo que son cifras similares a las de Alemania y claramente inferiores a las de Francia. ¿Funcionaríamos mejor con menos personal?

Además, no todos los empleados públicos son funcionarios (son un millon y medio). El resto tienen contratos laborales (como los de cualquier empresa) u otras condiciones contractuales.

Si seguimos analizando, sólo el 22% pertenece a la Administración Estatal, el 24% pertenece a la Administración Local, el 51% a las CCAA y el resto a las Universidades. Esto es, la mayoria de los empleados publicos se ha trasladado a las CCAA, las cuales cada vez están asumiendo más competencias y por tanto requieren de más personal.  De hecho el grueso de la plantilla se concentra en asistencia sanitaria (aún escasa para el incremento de población que se ha sufrido en los últimos 5 años) y enseñanza no universitaria. Por lo que o bien se contratan más empleados puulicos o se privatiza la enseñanza y la sanidad. Es más, en tiempos de penurias economicas, lo que no hay es dinero, por lo que pagar por estos servicios básicos, se vuelve una incongruencia.

Dentro del personal estatal se incluyen las Fuerzas Armadas, Policía y la Administración de Justicia, por lo que sin ellos, apenas quedan 234.000 empleados entre todos los Ministerios.

Es por ello y como impulso a la propias economías (B2B) que desde la Comisión Europea se ha lanzado, dentro del programa IDABC, la iniciativa eProcurement. En concreto,  en 2006 han entrado en vigor dos nuevas directivas (2004/17/CE y 2004/18/CE) que ofrecen un marco legislativo uniforme en toda Europa. Y se han fijado ambiciosos objetivos de contratación electrónica para 2010: un 100% de disponibilidad electrónica y un 50% de uso real de procedimientos de contratación por encima de los umbrales legales.

Para conseguir estos objetivos, las administraciones, empresas y editores de software pueden beneficiarse de las actividades de contratación electrónica europea. Estas actividades han producido directrices técnicas, herramientas y servicios que facilitan el desarrollo de sistemas que cumplen la legislación de la UE.

Con respecto al futuro, la contratación electrónica europea se enfrenta a varios problemas en el campo de los catálogos, las firmas y las normas. Estos problemas deben resolverse para evitar barreras de interoperabilidad.

Esperemos lograr este objetivo y que la administración publica sirva de motor de las nuevas tecnologías, de Internet y de las posiblidad que ofrece a la economía. Que por medio de la contratación pública, a través de medios electrónicos, se difunda el comercio electrónico al tejido productivo (empresas proveedoras de la administración) que permitiría avanzar de forma ordenada pero rápida hacia el comercio electrónico entre empresas (B2B), sobre todo entre las pymes.

Enlaces:

• Eprocurement
• Resumen ejecutivo del Programa Europeo IDABC
• directiva 2004/17/CE
• Directiva 2004/18/CE

La CAM recomienda reclamar a aquellos que identifiquen irregularidades en su facturación.

De momento, la CAM ha abierto un expediente informativo a las compañías eléctricas porque podrían haber cobrado importes superiores a los correspondientes. El cambio de tarifas a principios de año y la nueva normativa que recomienda la facturación mensual pero mantiene la lectura de contadores bimestral podrían haber sido la causa de esos presuntos cobros desajustados. 

Si finalmente se demuestra que ha habido un cobro indebido, la CAM instará a las compañías eléctricas a que devuelvan el dinero que los consumidores hayan pagado de más, por lo que, a partir de ese momento, ya no sería necesario realizar una reclamación individual. Se puede obtener información detallada sobre las novedades en el sector eléctrico pinchando aquí.

Hoja de Reclamación

• La bajada del Euribor, índice de referencia de las mayoría de las hipotecas en España, no supone en muchos casos que se traduzca en la rebaja de la cuota mensual del préstamo.
• Todo depende de la fecha de revisión de la hipoteca. Puede suceder, como está ocurriendo en muchos casos, que baje el Euribor y en vez de bajadas haya subidas en el recibo del préstamo.
• La hipoteca se revisa en la fecha que estipule el contrato del titular, es decir, en la escritura de la misma. No se revisa con el Euribor del mes en curso, sino, habitualmente, con el de dos meses antes de la fecha.
• El Banco de España hace oficial los tipos de interés, en este caso el Euribor, entre el 1 y el 5 de cada mes. Antes era entre el 15 y el 20.
• Una vez que sabemos la tasa oficial del Euribor, se añade el diferencial acordado con el banco o caja, que está firmado en la escritura entre el titular y la entidad financiera.
• Si el Euribor publicado por el BOE es el 3,5% y el diferencial el 0,60%, la revisión para todo el año siguiente, o de seis meses si así estuviera acordado en la escritura, sería al 4,1%.
• Por lo tanto, si la revisión de una hipoteca es para una fecha exacta de febrero, se le aplicará el tipo de interés medio de todo el mes de diciembre.
• No importa que en febrero el Euribor esté muy bajo o alto, la revisión será con la media de diciembre y, según los casos, se pagará más alta o más baja la cuota del préstamo.